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LEY LGTBI

La ley LGTBI valenciana supondrá un avance en la igualdad real y efectiva de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales

Será la primera norma española con un capítulo entero dedicado a las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual
REDACCIÓN 2018-06-11

El Consell ha aprobado el proyecto de ley valenciana para la Igualdad de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) que regulará, por primera vez en la Comunitat Valenciana, los derechos del colectivo LGTBI y garantizará la igualdad real y efectiva de todas las personas con independencia de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar.

 

La ley constituirá un instrumento para prevenir agresiones y corregir y erradicar cualquier discriminación por cuestiones de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar.

 

Además, se trata de la primera norma española que dedica un capítulo entero a la situación especial y diversa de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual, y contempla la puesta en marcha de medidas específicas de apoyo a la visibilidad y la sensibilización social sobre la existencia de cuerpos no binarios.

 

La aprobación de la ley permitirá, por una parte, consolidar los avances que se han producido en nuestro país y, por otro, dar respuesta a las demandas de los colectivos y entidades implicadas en la defensa de los derechos LGTBI, cuyo esfuerzo ha sido el motor de los progresos que han tenido lugar hasta ahora.

Así, regula aspectos necesarios para hacerla efectiva en los diferentes ámbitos de la sociedad, como el social, familiar, educativo, cultural, sanitario o laboral y de las etapas de la vida, como la infancia, la juventud o las personas mayores.

 

Además, la ley pretende hacer un reconocimiento al colectivo LGTBI y establecer una serie de medidas de aplicación y seguimiento de la ley a través de mecanismos de participación.

 

Prevención de los delitos de odio

 

El informe de 2016 sobre delitos de odio del Ministerio del Interior, evidencia que la orientación e identidad sexual siguen estando entre las principales causas de victimización, con 166 casos registrados

 

En este sentido, la norma prestará una atención integral a las personas víctimas de violencia por LGTBIfobia, para lo que establece la elaboración de un protocolo específico y además, creará un servicio público de asesoramiento y apoyo para estas personas, que será extensivo también a sus familiares y allegados.

 

También establece que los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con grupos especializados en la prevención de los delitos de odio, dentro de los cuerpos de la policía local.

 

Asimismo, la ley prohibirá el uso de métodos, programas o terapias de aversión destinados a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas y para ello establece que pueden llegar a considerarse como una infracción muy grave, lo que puede llevar aparejado sanciones de hasta 45.000 euros.

 

Atención sanitaria

 

En cuanto al sistema sanitario público, el proyecto de ley recoge que se promoverá la realización de programas y protocolos específicos para este colectivo, que den respuesta a las necesidades propias y en particular a la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI.

 

Del mismo modo, incluye que la garantía del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las personas con capacidad gestante o sus parejas en condiciones de igualdad.

 

Igualmente, garantizará a las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual, una atención psicosocial integral y adecuada a las necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales y culturales de estas personas. Existirán unidades de referencia específica, y se elaborará un itinerario individual de atención sanitaria integral.

 

Apoyo institucional

 

La norma también prevé la creación del Consejo Valenciano LGTBI, que velará por el desarrollo de la ley y realizará su seguimiento y evolución. Se trata de un espacio de participación ciudadana de carácter consultivo, y en el que estarán presentes tanto las administraciones competentes como asociaciones, organizaciones sindicales y personas expertas.

 

En esta línea también incluye la creación del Espai de la Memòria LGTBI, que albergará archivos, registros y documentos de la historia de represión que ha vivido este colectivo, y donde se recuerde a las personas LGTBI que fueron perseguidas, torturadas y asesinadas.

 

Acciones en el ámbito educativo

 

Respecto a las acciones previstas en la ley en el ámbito educativo, se incorpora el tratamiento de la diversidad sexual, familiar, de género y del desarrollo sexual en la normativa reguladora del sistema educativo.

 

Así, entre otras, incluirá en los currículos reglados contenidos referentes a estas cuestiones y los protocolos de prevención, acompañamiento e intervención ante casos de acoso o violencia en el ámbito educativo incluirán cuestiones específicas cuando sean por causa de LGTBIfobia.

 

Las familias LGTBI

 

En cuanto a las familias LGTBI, la ley también protegerá a los hijos e hijas, así como a las niñas y niños en acogimiento por personas del colectivo LGTBI, para evitar las situaciones de discriminación que puedan sufrir por este hecho.

 

Por otra parte, se establecerán medidas de apoyo específicas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes LGTBI y se considerará violencia familiar aquella que sufran por el hecho de pertenecer a este colectivo en dicho ámbito.

 

Aportaciones de la ciudadanía

 

La elaboración del proyecto de ley para la igualdad efectiva de personas LGTBI ha contando con la participación de siete consellerias, de las diversas entidades del colectivo LGTBI y de todos los grupos parlamentarios.

 

La consulta previa de la ley valenciana para la igualdad de las personas LGTBI se saldó con la presentación de 84 propuestas hechas por particulares y entidades, de las que un 79 por ciento se incorporaron al texto normativo.

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