Save the Children denuncia las carencias de la justicia española para proteger a los niños frente a la violencia sexual en el ámbito familiar

Con motivo del último caso que ha saltado a los medios
de comunicación de la niña de 9 años que denuncia los abusos sexuales
sufridos, presuntamente, por parte de su padre, Save the Children se ha
dirigido por carta a Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, para
alertar sobre las *graves deficiencias del sistema judicial a la hora de dar
respuesta a las víctimas*, especialmente cuando se trata de niños muy
pequeños y cuando el denunciado es el propio padre, y para que se adopten
las medidas judiciales necesarias para proteger a la menor.

Ante la dificultad de acreditar los hechos en estos casos, debido entre otras
razones a la corta edad de las víctimas, la administración de Justicia
tiende a archivar las causas sin investigar suficiente y diligentemente los
casos, dejando a las víctimas en graves situaciones de desprotección y
riesgo.

Las denuncias de María empezaron hace 2 años. *Dos años de experiencias
traumáticas que no hubieran sido necesarios si la justicia española
promoviera la denuncia de este tipo de delitos desde los primeros
indicios*. La existencia de un diagnóstico médico que declara una
"sospecha de abuso sexual" no pareció ser tenido lo suficientemente en
cuenta por los peritos judiciales, lo que parece indicar una insuficiente
coordinación entre el ámbito sanitario y el judicial en estos casos.

En su informe, La justicia española frente al abuso sexual infantil en el
ámbito familiar [1], Save the Children denuncia la *falta de una adecuada
preparación y **especialización de los profesionales que intervienen en los
procesos judiciales de casos de abuso sexual infantil*. "Ni los jueces de
instrucción, ni los fiscales, ni los abogados de oficio ni los equipos
psicosociales o forenses de los juzgados que intervienen en el proceso tienen
la obligación de especializarse. Esta falta de formación puede tener un
gran impacto a la hora de impulsar la investigación, valorar adecuadamente
las pruebas y, por tanto, decidir sobre el archivo de la causa. En este caso
que ha saltado a la luz pública, ni los psicólogos ni el perito de los
juzgados de Madrid creyeron a la niña, decisión que sirvió para archivar
el caso", alerta Andrés Conde, director general de Save the Children.

Además, en el ámbito civil y a veces con el proceso penal abierto, se toman
medidas sobre guarda y custodia y régimen de visitas sin tener en cuenta los
posibles riesgos para los niños. "En ocasiones vemos que existe un
régimen de visitas sin vigilancia, cuando todavía se están investigando
los abusos sexuales o éstos no han sido descartados por vía penal. La
situación puede traducirse en un peligro para el niño, ya que se les está
obligando a vivir con su agresor", recalca Conde.

La mayoría de las medidas de la Administración de Justicia se ponen en
marcha una vez que el abuso se ha producido. *Esto supone que el niño tiene
que revivir la experiencia traumática una y otra vez ante los órganos
administrativos y judiciales*. Save the Children denuncia las experiencias
dolorosas y poco respetuosas en la recogida de testimonio de los niños, como
en el caso de la niña de 9 años que ha trascendido a los medios, en que la
repetición de preguntas "se hace agobiante hasta en la lectura y la
escucha de la entrevista", como indica un informe encargado por la madre de
esta víctima.

Save the Children exige, entre otras, la puesta en marcha de las siguientes
medidas:

* Asegurar la adecuada preparación y especialización de profesionales y
metodologías adecuados.
* Implementar un turno de oficio de abogados especializados en atención a
niños víctimas de violencia.
* Garantizar asesoramiento e información especializada a los representantes
legales de los niños que denuncien un caso de abuso infantil.
* Garantizar que no se repitan las agresiones a través de medidas de
protección judicial.
* Garantizar la máxima prioridad en la investigación judicial de estos
delitos.